La otra cara de la transición (II)

  • Entre los días 3 y 10 de abril se decide en la Audiencia Nacional sobre la extradición de los acusados de torturas en el franquismo por la querella argentina que investiga estos crímenes.
  • Publicamos un extracto del trabajo académico “Resgos del franquismo en la democracia española” confiando en su utilidad para formar un contexto que permita entender mejor el problema de la Memoria Histórica en España.

El 26 de diciembre de 2007 se publica en el BOE la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Este es el nombre de la popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica, que en su exposición de motivos recoge que “es la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia”.

Esta ley se encuadra en el contexto al que algunos autores califican como el “boom de la memoria histórica”, frente a la inacción que diferentes colectivos de víctimas denuncian durante la transición.

El profesor de Historia Eduardo González Calleja define las políticas públicas como “todas aquellas iniciativas de carácter público (no necesariamente político) destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún acontecimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o políticos, o para el conjunto de un país”. Y añade que “las políticas de la memoria pueden considerarse una subcategoría de las políticas públicas”. Otra definición es la aportada por Michel Foucault, que dice de ellas que son “dispositivos de encuadramiento y uniformización de la sociedad”.

La visión que algunos de nuestros representantes políticos tienen de este concepto difiere, en ciertas ocasiones, de algunas de estas definiciones. Por ejemplo, frente a la idea de que las políticas públicas de la memoria deben “difundir o consolidar una interpretación de algún acontecimiento de relevancia”, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón opinó en la última sesión de control al Gobierno que “una cosa es reconocer a las víctimas y reparar los crímenes, otra muy distinta, instrumentalizar el pasado con el propósito de imponer un discurso histórico, público e institucional”.

Un cartel pide la extradición de los acusados de tortura a Argentina. Foto: Francisco Javier Huete

Un cartel pide la extradición de los acusados de tortura a Argentina. Foto: Francisco Javier Huete

González explica que “Algunas políticas de la memoria pueden formar parte de las medidas de justicia transicional, que consisten en una serie de iniciativas (juicios, comisiones de la verdad, políticas de reparación material y rehabilitación simbólica de las víctimas) que se adoptan en países en proceso de democratización para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen anterior, y que tienen como objetivo brindar reparaciones a las víctimas de la represión”.

Esta idea es importante, porque, según aseguró Francisca Maqueda, vicepresidenta de la Asociación Andaluza por la Memoria Histórica y Justicia en una entrevista en Canal Sur, en España “no hubo mecanismos para saber cuál fue la verdad y que se hiciera justicia” durante la transición. “Lo que buscamos es verdad, justicia y reparación”, continúa la portavoz de esta asociación, que defiende que “ tiene que haber responsabilidades penales, como Billy el niño. Tiene que haber una responsabilidad real, la buscamos y la exigimos”. La representante del colectivo de víctimas, que también ha declarado en el juicio que se está llevando a cabo en Argentina sobre las violaciones de derechos humanos durante el franquismo, Mantiene que, incluso en la actualidad, las instituciones se niegan a una comisión de la verdad o juicios: “el estado se opone a una comisión de la verdad. Como se opone a las videoconferencias [en la causa en Argentina]. Hemos tenido que ir a Argentina llevando a una señora de 80 años que busca a su padre y la hemos tenido que ingresar en el hospital dos veces en Buenos Aires. Cada país ha aplicado el derecho transicional, que es el derecho que se aplica cuando se sale de una dictadura para pasar a una democracia; aquí no”.

En conclusión, tal y como expone Eduardo González, “la política de la memoria no ha reconstruido el pasado desde la verdad y el respeto de las diversas memorias colectivas que coexisten, sino desde el olvido evasivo y el silencio sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista. Considera que sobre el franquismo se podía decretar la amnistía, pero nunca la amnesia, y desde el momento en que rechazan una y otra, pone en cuestión la misma transición”. Esto se debe, en parte, a que “en realidad, en España se prefiere hablar memoria histórica porque no se quiere hablar de memoria colectiva, pues ésta es una memoria parcial de los vencidos en la Guerra Civil”.

Cabe apuntar también la idea de Francisco Espinosa, que aclara que “Olvidamos que la particularidad es que la dictadura española, al contrario que ocurrió en otros países, sobrevivió a la derrota de los fascismos en 1945 y que cuarenta años después la transición se montó sobre el silencio y el olvido de la larga etapa anterior y, muy especialmente, sobre la negación y condena de la experiencia democrática precedente”, negación que se mantiene hasta la actualidad. En 2001 Pío Moa publica en El Comercio lo siguiente: “Franco fue mucho más respetuoso con la legalidad republicana que los republicanos. Mi conclusión es que la Guerra Civil se produjo porque existía un peligro revolucionario y no un peligro fascista”.

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